Notas Sin Pauta
Por Arturo Rodríguez García
La presión contra los empresarios de Nuevo León no sólo continúa, sino que está subiendo de nivel. Nos cuentan que desde distintas áreas del gobierno de Samuel García están llegando determinaciones fiscales por montos desproporcionados, algunas con fundamentos que los afectados consideran endebles. Después viene la segunda parte de la pinza; ante la inconformidad, aparece la posibilidad de “arreglar” el problema mediante una reducción sustancial del monto, siempre que se pague y se cierre el expediente. La alternativa es entrar a juicios largos, costosos y desgastantes.
No hablamos ya de un sector en particular. Industriales, comerciantes, desarrolladores y empresas de distintos tamaños comienzan a encontrarse con una maquinaria recaudatoria cada vez más agresiva. El antecedente está en el llamado Impuesto Verde y en las inspecciones de la Secretaría de Medio Ambiente, que encabeza Raúl Lozano Caballero. Pero el modelo parece haber encontrado nuevas vías. En el SAT de Nuevo León, ahora bajo el mando de Fernando Javier Villarreal Caballero, regresaron los requerimientos anticipados, los embargos y hasta las lonas para exhibir compañías. Antes, esa dependencia quedó bajo cuestionamientos durante la gestión de Félix Arratia, hoy secretario de Igualdad e Inclusión. El común denominador es preocupante; primero se determina, después se presiona y al final el empresario debe decidir entre pagar o gastar tiempo y recursos para defenderse.
La explicación de fondo podría estar en las finanzas estatales. Nuevo León tiene obras que avanzan a trompicones, compromisos multimillonarios y una administración necesitada de recursos. En ese contexto, la ofensiva recaudatoria adquiere otra lectura. Y mientras la iniciativa privada enfrenta requerimientos, clausuras, inspecciones y créditos fiscales, Samuel García insiste en vender una realidad económica paralela. Apenas esta semana presumió que durante su administración la inversión extranjera directa alcanzó 135 mil 300 millones de dólares y que llegará a 150 mil millones en octubre. El problema es que la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, contabiliza apenas 16 mil 424.2 millones de dólares hasta el primer trimestre de 2026: menos de una octava parte de lo que anuncia el gobernador.
Para construir sus números, el gobierno estatal incorpora proyectos anunciados antes de su administración, operaciones que representan cambios de propietario y hasta inversiones que no se han materializado. Ahí están Brembo, que llegó desde 2014; la operación de Bosch con Johnson Controls; o Lingong Machinery Group, cuyo complejo por 5 mil millones de dólares y 120 empresas chinas sigue sin concretarse. Samuel García puede desacreditar el Registro Nacional de Inversión Extranjera y presumir sus propios cálculos, pero lo que es cierto es que ya no cuenta con la confianza empresarial. Al contrario.
Ese es quizá el problema más serio para Nuevo León. Un gobierno urgido de recursos no puede convertir a sus empresas en la caja chica de una administración deficiente y, al mismo tiempo, esperar que lleguen nuevos capitales. Mucho menos si los empresarios perciben que cualquier diferencia con la autoridad puede convertirse en una auditoría, una clausura, un embargo o un litigio de años.
